La prisión preventiva oficiosa

La implementación del nuevo sistema procesal penal en México es, sin duda, la reforma en materia de justicia penal más trascendente en los últimos cien años. Involucra no solo un cambio en el esquema procesal, sino que conforma toda una estructura sobre la base del reconocimiento expreso de diversos principios, derechos y garantías para los sujetos procesales, buscando el equilibrio en su ejercicio, así como el respeto y protección de sus derechos fundamentales.

¿Qué es la prisión preventiva oficiosa?

La prisión preventiva es una medida cautelar impuesta al imputado por un juez, la cual consiste en la privación temporal del derecho a la libertad personal con el fin de asegurar la integridad de víctimas o testigos, así como el desarrollo de la investigación o la conclusión del proceso penal.

Los delitos graves citados en la legislación mexicana para los que la prisión preventiva aplica son:

• Homicidio doloso

• Feminicidio

• Violación

• Secuestro

• Trata de personas

• Abuso o violencia sexual contra menores

• Delincuencia organizada

• Robo de casa habitación

• Uso de programas sociales con fines electorales

• Corrupción tratándose de los delitos de enriquecimiento ilícito

• Ejercicio abusivo de funciones

• Robo al transporte de carga en cualquiera de sus modalidades

• Delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos

• Delitos en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares

• Delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos

• Delitos en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea

• Delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad, y de la salud.

La prisión preventiva oficiosa, que se encuentra validada en la Constitución, también tiene límites temporales. Los imputados no pueden pasar más de dos años en prisión sin una condena, a menos que la prolongación de la prisión preventiva se deba al ejercicio del derecho a la defensa del imputado. Las personas que hayan sido puestas en esta modalidad y que en dos años no hayan recibido una sentencia serán puestas en libertad, sin que eso implique la continuidad de sus procesos o la aplicación de otras medidas cautelares.

Sin embargo, en México miles de personas llevan años privadas de su libertad, sin sentencia. De acuerdo al Cuaderno Mensual de Información Estadística Penitenciaria Nacional, hasta junio pasado, de las 226,916 personas en prisión, 92,595 no habían sido sentenciadas.

¿Cuándo se aplica la prisión preventiva justificada?

Aunque hay delitos que no ameritan prisión preventiva oficiosa, un agente del Ministerio Público puede solicitar esta medida “ justificada ” para garantizar que contra quien pesa una imputación no se sustraiga de la acción de la justicia.

Conclusión:

La prisión preventiva oficiosa, a pesar de que pretende evitar riesgos procesales, rompe con los principios de las medidas cautelares de excepcionalidad, instrumentalidad, provisionalidad y proporcionalidad, eliminando cualquier ámbito valorativo del juez para su imposición justificada, basada en la necesidad de cautela.

El debate alrededor de la prisión preventiva en su modalidad oficiosa es que contribuye al punitivismo en el sistema penal y a la violación de derechos humanos. Adicionalmente, no sólo no contribuye sino que entorpece los procesos de procuración e impartición de justicia.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) se pronunció para eliminar la figura de prisión preventiva oficiosa en México, al considerar que implica una detención arbitraria y contraria a la presunción de inocencia.

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• Referencias: https://eljuegodelacorte.nexos.com.mx/guia-para-entender-la-discusion-que-viene-la-prision-preventiva-oficiosa-y-las-restricciones-constitucionales/

https://www.gob.mx/fgr/es/articulos/la-medida-cautelar-de-la-prision-preventiva-oficiosa-y-justificada?idiom=es